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22 octubre, 2008

Anfi Tauro, pretensiones de devorar playas y barrancos

Introducción
La Urbanización Anfi Tauro comprende un proyecto urbanístico de gran calado, a ejecutar en la zona de las playas de Tauro y El Cura, y los barrancos de Tauro y El Lechugal (sur de la Isla de Gran Canaria). La pretensión de ejecutar este proyecto ha desembocado en un conflicto territorial en el que agente políticos, económicos y sociales se enfrentan para defender sus intereses.

Por un lado, la alianza empresario – político que se viene dando de un tiempo a esta parte, a lo largo de la época de crecimiento económico de Canarias, que hace que se lleven a cabo verdaderas barbaridades en el territorio, corrompe el sistema legal, haciendo que la democracia pierda calidad y credibilidad, y la sociedad se quede sin voz ni voto (más información sobre esta cuestión en la noticia Corrupción a toda costa). Por otro lado, la sociedad ignorada (que no ignorante respecto a lo que pasa) hace esfuerzos por defender sus intereses y, en definitiva, lo que es de todos, nuestra tierra. A todos estos esfuerzos se les da respuesta desde los órganos de gobierno con mucha prepotencia y deslealtad al pueblo: enviando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a desalojar violentamente lugares donde los vecinos protestan (por ejemplo, en el caso de la macrocárcel de Juan Grande con los vecinos de Castillo del Romeral) o haciendo declaraciones en las que se deje a las personas como mentirosas por todo aquello que denuncian.

El proyecto
Hasta el momento presente, la información disponible en internet sobre este proyecto es bastante escasa, pero existe un documento (Destrucción a toda costa (julio, 2006): Informe sobre la situación del litoral español) de Greenpeace que da algunos datos sobre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo, a saber, la construcción de un muelle deportivo de 492 atraques y el vertido de arena a las playas del Cura y Tauro.

Corrupción descarada
Con tal de contextualizar debidamente este artículo, se ha de tener presente la entrada en vigor del Decreto 126/2001 (conocido como moratoria turística), por el que se suspendía la vigencia de las determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación (PIO) y de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, lo cual es determinante para el desarrollo de una serie de acciones “político-empresariales” que se llevaron a cabo entorno al tema que nos aborda, el proyecto de Urbanización Anfi Tauro. Esta moratoria turística, en su Disposición Transitoria 2ª contenía una importante excepción, la cual daba cabida a la ejecución de ciertos proyectos turísticos (fijando un máximo 3600 plazas en la suma del conjunto de los proyectos para cada isla de las siguientes: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife) mientras fueran declarados de interés general por el Parlamento de Canarias.

Pues bien, con la intención de la consecución de la declaración de interés general por parte de ANFI TAURO, S. A. de su proyecto (URBANIZACIÓN DE ANFI TAURO), se hizo la correspondiente solicitud al Cabildo de Gran Canaria el día 9 de mayo de 2005, dando lugar a la apertura del Expediente Administrativo con número de referencia PL-E 05/2894 DOG. Aquí comienza la relación administrativa entre el empresario noruego Bjorn Lyng (ya fallecido) y José Manuel Soria (presidente del Cabildo en ese momento).

Con tal de agilizar el proceso y dar el visto bueno al proyecto por parte del Cabildo para que después pasara a ser declarado de interés general por el Parlamento de Canarias, el empresario y el político entraron en un juego de concesión de regalos y preferencias administrativas que, a tenor de lo que se expone en la denuncia de Carlos Sosa (director del periódico Canarias Ahora.es) contra J.M. Soria, constituyeron un delito de cohecho, en concurso ideal con delito de prevaricación.

Los hechos más significativos de este caso de corrupción fueron las vacaciones que José Manuel Soria López y su esposa pasaron, entre los días 22 y 28 de agosto de 2005, en Salzburgo (Austria), donde asistieron a uno de los conciertos del prestigioso festival de música que cada verano tiene lugar en esa ciudad y a Noruega de forma gratuita, invitados por el empresario, Bjorn Lyng. En Noruega se dedicaron a la pesca del Salmón, el deporte favorito del empresario noruego.
Este gran regalo del empresario fue correspondido con la agilización en el trámite de la solicitud del proyecto de Anfi Tauro en el Cabildo de Gran Canaria. Sorprendentemente, en 8 días hábiles, el Cabildo de G.C. emitió tres informes desde tres de sus departamentos y el 27 de octubre (un mes después de regresar de sus vacaciones el señor Soria) fue aprobada dicha solicitud por la institución insular. Pero la gravedad del asunto se incrementa cuando se conoce que los informes técnicos emitidos por la corporación insular detectan fallos en el anteproyecto como contradicciones en el número de plazas, falta de concreción en categorías de los establecimientos y una mezcla prohibida de usos residenciales y turísticos, entre otras cosas. Y, a pesar de todo esto, el Patronato de turismo del Cabildo de Gran Canaria emite un informe positivo.

Aparte de lo narrado, existieron presiones políticas de parte de Santiago Santana Cazorla hacia el presidente del Gobierno de Canarias, en ese momento Adán Martín, y del propio Bjorn Lyng a través de su consejero delegado Manuel Fernández (PP), quien intervino decisivamente en la tramitación del expediente.

Reacciones
Ahora son varios los medios y las instituciones que se están pronunciando respecto a este caso. Ya empiezan a verse bastantes noticias en los periódicos sobre esto (como, por ejemplo estas dos: Anfi Tauro, enredo territorial y jurídico y Carlos Sosa ratifica su…), movimientos de los vecinos de la Comunidad de los Barqueros (playa de Tauro), pronunciamientos de los Tribunales, como el del TSJC que anula parcialmente el PIO de Gran Canaria por irregularidades (artículo relacionado: Justicia anula el PIO parcialmente, blog del CAV Castillo del Romeral), y la denuncia de Carlos Sosa contra José Manuel Soria (acceder aquí) por este caso que nos aborda. Y a estos pronunciamientos se suma ahora Gran Canaria Territorial.

24 septiembre, 2008

La problemática generada por el centro comercial Tamarana

El Centro comercial Tamarana se encuentra en el barrio de Lomo los frailes (Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria), ubicado entre la Avenida César Manrique y la calle Acuarelista Elías Marrero. La construcción de este ha traído consigo bastantes problemas. A continuación se habla de ellos.


La obra: problemas derivados y negligencias
Esta área comercial cerrada es producto de unas obras que duraron 7 años. Durante el desarrollo de las mismas, la polvareda constante y el ruido continuo a lo largo del día crearon un gran malestar en los vecinos, que se justificaba más por la duración de la propia obra que por los hechos en sí. Durante los 7 años, se puede decir de forma clara y segura que los vecinos estuvimos desprotegidos en todo momento por parte del ayuntamiento, y lo único que pudimos hacer para que trajeran una cuba de agua (para no levantar polvo) y para que no trabajaran fuera del horario establecido fue llamar a la policía, cosa que hacíamos casi todos los días.
Hechos que incomodaron especialmente a los vecinos fueron el corte de la calle durante 9 meses seguidos, de cara al tráfico rodado, que aparcaran delante de la puerta de garaje (en varias ocasiones) y que rompieran y construyeran hasta 4 veces el mismo trozo de acera (que se encuentra frente al bloque de viviendas).
Para denunciar la situación de estas continuas negligencias, algunos vecinos hemos hecho escritos que se han presentado al ayuntamiento (a través la concejalía de distrito), de los cuales no hemos obtenido ni una sola respuesta del consistorio en estos años.
El último escrito que he redactado (click aquí para acceder) recoge algunas de las irregularidades que en su día se cometieron y denuncia también cosas que pasaron en el momento en que el centro comercial entró en funcionamiento. Asimismo, en dicho escrito exijo una respuesta por parte del ayuntamiento; a día de hoy no he recibido respuesta (el escrito fue remitido 1 de septiembre de 2008).

Funcionamiento del centro comercial
Con la puesta en funcionamiento del centro comercial, lo primero que se hizo fue cambiar el sentido de circulación de la calle sin consultarnos a los vecinos si queríamos o no que eso fuese así. Es lamentable que le den prioridad sobre una cuestión así a los que vienen a lucrarse en vez de a los vecinos, que somos los que vivimos aquí y los que tenemos cada día que entrar y salir de esta calle. Ese cambio de sentido de la circulación hace más incómodo el acceso y salida de la calle.
Pero el hecho más molesto y grave que se viene produciendo desde la puesta en marcha de este centro comercial es la actividad que genera el muelle de carga y descarga (situado a unos 9 metros de las viviendas; indicado en la foto adjunta). Desde las 8 de la mañana hasta las 12 h., la llegada de camiones hace que aumente el nivel de ruido de la zona. A veces, los propios camiones llegan antes de la hora y aparcan, con el motor encendido, para esperar a que abra el muelle de carga y descarga; estos ruidos molestan bastante. Otras veces se generan colas de camiones, los cuales, en ocasiones, se ponen a tocar la pita produciendo con ello un alboroto totalmente innecesario.




Consecuencias

Aparte de lo comentado, una cámara de seguridad situada frente a las casas en el exterior del centro comercial y una escalera (mirar indicación de la foto adjunta) hacen mermar la intimidad y tranquilidad de los vecinos. En el caso de la cámara está claro porqué (podemos estar siendo observados en cualquier momento) y en el caso de la escalera porque sirve como lugar de reunión para jóvenes del barrio por las noches, de manera que a veces se oyen voces hasta las 2 o 3 de la madrugada. Y si ahora añadimos que hay un bingo justo al lado de la escalera, se podrá entender que la presencia de gente (hablando, riendo, gritando, etc…) se produce casi cada noche por la actividad del propio establecimiento.




16 septiembre, 2008

Macrocárcel de Juan Grande

Actualmente en el sur de Gran Canaria (Juan Grande – Castillo del Romeral) existe un conflicto territorial en el que instituciones públicas, partidos políticos, asociaciones ecologistas, opinión pública y demás entes, permanecen divididos según su posición respecto a este proyecto: unos en contra de que se lleve a cabo y otros a favor.
La oposición más fuerte a la ejecución de esta macrocárcel en los Llanos de Juan Grande la constituye, sin duda alguna, el Consejo Abierto de Vecinos del Castillo del Romeral (CAV Castillo del Romeral).

Esta infraestructura, de grandes dimensiones, irá acompañada, según datos proporcionados por el CAV Castillo del Romeral, de una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) con emisario submarino, una regasificadora, un hospital penitenciario y una comisaría, relacionada con el propio centro penitenciario.

Explicación del proyecto y su problemática
Las intenciones de construir todas esas infraestructuras en dicha zona del sur de la isla han hecho que los vecinos de Castillo del Romeral se organicen para protestar, de manera conjunta y contundente, contra los organismos e instituciones implicadas.
Una cárcel de 350.000 m2 (equivalente a 50 campos de fútbol), con unas 1214 celdas y con un número aproximado de reclusos de 3642 es el principal proyecto (de todos los citados arriba) que quiere construirse en Juan Grande. La ubicación de esta gran infraestructura se encontraría a 321 m de Castillo del Romeral, a 2000 m de Vecindario y a unos 4 km de Maspalomas (principal zona turística del archipiélago).
En cuanto a los terrenos de dicha ubicación, hay que destacar que estos están dentro de una Reserva Agraria Estratégica, establecida por el Gobierno de Canarias. Según estos datos, se evidencia que la zona tiene un importante valor agrícola.
Los propios vecinos manifiestan que no quieren convertirse en el “trastero de la isla”, puesto que ya conviven con una central térmica y un vertedero (incontrolado, según declaraciones del CAV). Aparte, sostienen que una macrocárcel no es la mejor solución en cuanto a la rehabilitación de los reclusos, ya que la gran cantidad de presos a la que está destinada a albergar dificultarán las tareas de reinserción.
También cabe destacar que al tiempo que se alzaban en señal de protesta los vecinos de Castillo del Romeral, había quienes, desde varios sectores de la sociedad, los acusaban de insolidarios. Desde el CAV se ha respondido a esto diciendo que ellos ya han sido bastante solidarios con el resto de la isla, puesto que la central térmica y el vertedero dan servicio a buena parte de la isla.

Cosas que “no cuadran”
En la problemática tratada hay ciertas “ilegalidades” que denuncia el CAV. La macrocárcel no está contemplada en el PGOU de San Bartolomé de Tirajana ni ha sido aprobado el PTEINPE (Plan Territorial de Infraestructuras Penitenciarias en Canarias) por la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias) según el CAV Castillo del Romeral. Asimismo, la Delegación del Gobierno en Canarias ha insinuado que la infraestructura ha sido declarada por el Consejo de ministros como bien de interés general (cosa que legalizaría todo el proceso y anularía muchas de las actuaciones que contra él se desarrollan), pero lo cierto es que no hay documento que respalde ese hecho y probablemente esa afirmación se haya hecho desde el interés de que cesen los actos de oposición al proyecto. Además, hay que recordar que cuando las obras comenzaron (en el mes de marzo), los terrenos en cuestión pertenecían todavía al Gobierno de Canarias, siendo la macrocárcel una infraestructura impulsada por la SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) que pertenece al Gobierno del Estado.
Referente a las obras, es preciso decir que cuando llega la noche, estas no ceden su actividad, cosa que prohíbe una ordenanza municipal. Respecto a esto, el ayuntamiento no actúa.

Vías de actuación del CAV del Castillo del Romeral
El paro de las obras diariamente por parte de los vecinos, presentación de denuncias, cadenas humanas y manifestaciones son las formas de protesta que ha llevado a cabo el CAV. Según se afirma en un documento del CAV (“Dossier Informativo Proyecto Macro Cárcel en Gran Canaria”) “hasta la fecha se han realizado unas 7 manifestaciones contra todas las infraestructuras y la macro cárcel: en El Rodeo, una Via Crusis en Semana Santana, en la Avda. de Tirajana en Playa del Inglés, una concentración en la Presidencia del Gobierno de Canarias, un cadena humana junto a las obras de la cárcel, siendo las más numerosas la manifestación en Vecindario y la última realizada, una Cadena humana en Playa del Inglés, que con una longitud de unos 5 km., reunió a unos 5000 participantes.”
El CAV también ha conseguido el apoyo de un eurodiputado y actualmente están buscando a un diputado nacional (preferentemente canario/a) para presentar una interpelación parlamentaria al Gobierno, que irá apoyada de unas 20000 firmas, según manifestó un portavoz del CAV en la última manifestación del día 12 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria.

Alternativas y soluciones al conflicto
El CAV ha elaborado un documento (“Nuestras alternativas a la macrocárcel”) que se encuentra en el apartado “Documentos de interés” de su blog.
Por otro lado, en este punto hay que destacar que el ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se ha ofrecido para albergar la macrocárcel en su municipio (noticia aparecida en Canarias 7), puesto que su fuente habitual de ingresos, la agricultura, se encuentra en retroceso.

Opinión personal
Ahora expondré brevemente mi opinión.
Bajo mi punto de vista creo que es un abuso pretender situar todas estas infraestructuras en un mismo lugar de la isla, sometiendo a los vecinos de la zona a los efectos que todas ellas puedan generar. Al mismo tiempo creo que no es lógico que se haga una concentración de tantas infraestructuras en una zona llana de alto valor agrícola (reconocido por el Cabildo de Gran Canaria al calificar la zona como Reserva Agraria Estratégica).
Aparte de esto, creo que el silencio de las administraciones ante este conflicto es una irresponsabilidad de notables características, pues los políticos suelen olvidar que gobiernan gracias a nuestros votos y que “el poder emana del pueblo” (siendo esto algo que suena muy bonito y no se respeta en ningún lado). En otras palabras, ellos no son nadie para imponer a la población lo que ellos quieran.
Y por último, algo que es preciso mencionar en esta opinión (por su gravedad) es “la pedagogía de las porras” que aplicó la policía nacional para echar a los vecinos de manera contundente de las obras, y aquel lamentable comentario que dejaba a los vecinos de Castillo del Romeral, de Gran Canaria y del resto de las islas como “canarios de mierda”.

Fuente
La información aquí expuesta se ha sacado del blog del Consejo Abierto de Vecinos de Castillo del Romeral, al que puedes acceder pinchando aquí o pinchando en la primera entrada de "Enlaces de interés" de este mismo blog.